La corrupción afecta a las instituciones del Estado,

La corrupción afecta a las instituciones del Estado, la labor de los 
funcionarios y la vida cotidiana de los ciudadanos. Lejos de ser un 
fenómeno aislado que se circunscribe sólo a las altas esferas del poder político o económico, es clara también su incidencia en la esfera social. 

Su importancia no radica sólo en los bienes que se desvían o en la canti dad de dinero que el Estado pierde, sino, sobre todo, en los derechos que vulnera y en las barreras que genera en el acceso a los servicios básicos de salud, educación, justicia, entre otros. Así, desde esta mirada, la corrupción implica un problema de derechos.

Para poder combatirse, la corrupción necesita ser mostrada. A través de la denuncia, los actos de corrupción salen a la luz pública para ser 
investigados y sancionados. El compromiso ciudadano en la lucha contra la corrupción requiere entonces no callar frente a actos corruptos, sino más bien denunciarlos para evitar la impunidad.

No obstante, de acuerdo a las encuestas nacionales sobre la percepción de la corrupción realizadas por Proética, la mitad de los ciudadanos entrevistados no sabe dónde realizar una denuncia por corrupción. 

Este porcentaje se ha mantenido a lo largo de las siete encuestas realizadas durante la última década (2002-2012). 

Este indicador respecto del nivel de desinformación de los mecanismos de denuncia nos da cuenta de la necesidad de fortalecer la participación ciudadana en la lucha contra este fl agelo. En este contexto, la Defensoría del Pueblo, a través de su Programa de Éti ca Pública, Prevención de la Corrupción y Políti cas Públicas, ofrece la presente Guía práctica para la denuncia ciudadana contra actos de corrupción y otras faltas contra la ética pública, que está dirigida a todo ciudadano interesado en conocer con cierto detalle los mecanismos legales existentes para la denuncia de actos de corrupción y de faltas disciplinarias relacionadas con hechos corrupti vos, así como a capacitadores de la sociedad civil como una herramienta para empoderar a la ciudadanía respecto de estos mecanismos.

Esta Guía está dividida en cinco capítulos. El primero está dedicado a desarrollar los hechos que, de acuerdo al Código Penal vigente, 
constituyen delitos de corrupción. Junto a la descripción de cada delito, ofrecemos también un caso prácti co con la intención de ilustrar cada figura penal. El segundo capítulo explica el procedimiento que sigue una denuncia por un hecho de corrupción ante el Sistema de Justicia. 

El tercer capítulo describe los procedimientos que siguen las denuncias o quejas por faltas disciplinarias cometi das por los operadores del Sistema de Justicia, es decir, policías, jueces y fi scales. En ese sentido, dejamos de lado los regímenes disciplinarios sectoriales, en la medida en que, según información de la Coordinación General de la Comisión de 6 Defensoría del Pueblo

Alto Nivel Anti corrupción (CAN), esta entidad ti ene previsto ocuparse de sus procedimientos en un documento que busca consolidarlos y publicitarlos en beneficio de los ciudadanos.

El cuarto capítulo, entonces, se avoca al procedimiento de denuncia contra jueces y fiscales por delitos cometidos en el ejercicio de su función y relacionados con actos de corrupción.

Por último, el quinto capítulo aborda el procedimiento que se sigue en el Sistema Nacional de Control ante la denuncia ciudadana de hechos arbitrarios o ilegales cometidos en cualquier enti dad pública, que afecten o pongan en peligro la función o el servicio público, así como los recursos y bienes del Estado.

Sólo empoderando a la ciudadanía comprometida con el conocimiento de los mecanismos que el ordenamiento jurídico ofrece para denunciar, investigar y sancionar los actos de corrupción, se podrá anidar con relativo optimismo una reacción ciudadana frente a la corrupción que pretende instalarse persistentemente en la sociedad peruana.

                                          Diego Vega Luna