El presidente de la región Junín, Dr. Vladimir Cerrón Rojas, luego de reunirse con el coordinador de obra del OINFES (Oficina Nacional de Infraestructura Educativa), Ing. Óscar Miranda Hospinal, se constituyeron hasta el emblemático colegio Santa Isabel, realizando una constatación policial, junto a funcionarios del sector educación y representantes de APAFA de primaria y secundaria, a quienes, el vigilante del consorcio Huancayo, impidió el ingreso al demolido centro educativo.
La insistencia del policía que realizó la verificación, tampoco importó al único personal de la empresa constructora, quien también negó identificarse, aduciendo que fueron las órdenes de sus jefes.
Al respecto Miranda Hospinal dijo que, "se ha verificado que la obra está paralizada, sin trabajadores, sin materiales de construcción, solo tiene una mezcladora que está cubierta con plástico y la madera que es producto de la demolición".
"Tiene que entender la empresa contratista que está en arbitraje el contrato y no está en litigio el terreno, pues la norma indica que debieron habernos dado en custodia toda el área y este hecho no se ha dado, como hemos podido verificar no nos han dejado ingresar y el responsable del consorcio Huancayo, habiéndose comunicado con su personal vigilante, no autorizó el ingreso, lo que significa que aun siguen en posesión del terreno, lo cual es un atentado al derecho, ya que es una propiedad del Estado Peruano, directamente del Ministerio de Educación", indicó el especialista del OINFES.
Agregó que, "la denuncia dependerá de la procuraduría pública porque ellos son los abogados del Estado. La idea es que con esta constatación policial y técnica, con un nuevo expediente reformulado presupuestalmente, tiene que lanzarse a una nueva licitación y para ello necesitamos el terreno".
La insistencia del policía que realizó la verificación, tampoco importó al único personal de la empresa constructora, quien también negó identificarse, aduciendo que fueron las órdenes de sus jefes.
Al respecto Miranda Hospinal dijo que, "se ha verificado que la obra está paralizada, sin trabajadores, sin materiales de construcción, solo tiene una mezcladora que está cubierta con plástico y la madera que es producto de la demolición".
"Tiene que entender la empresa contratista que está en arbitraje el contrato y no está en litigio el terreno, pues la norma indica que debieron habernos dado en custodia toda el área y este hecho no se ha dado, como hemos podido verificar no nos han dejado ingresar y el responsable del consorcio Huancayo, habiéndose comunicado con su personal vigilante, no autorizó el ingreso, lo que significa que aun siguen en posesión del terreno, lo cual es un atentado al derecho, ya que es una propiedad del Estado Peruano, directamente del Ministerio de Educación", indicó el especialista del OINFES.
Agregó que, "la denuncia dependerá de la procuraduría pública porque ellos son los abogados del Estado. La idea es que con esta constatación policial y técnica, con un nuevo expediente reformulado presupuestalmente, tiene que lanzarse a una nueva licitación y para ello necesitamos el terreno".
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