Para la policía, el suboficial PNP Víctor Tapia Rabanal era un supuesto extorsionador que en el 2013 exigió S/. 35 mil soles al alcalde de la provincia de Pallasca (Áncash) a cambio de no asesinarlo. La realidad era totalmente diferente, se trataba de una víctima más de los chips telefónicos ilegales.
El año pasado, se publicó en el diario oficial “El Peruano” un proyecto de decreto supremo del Ministerio de Transporte y Comunicaciones que eximía de responsabilidad a las empresas de telefonía que no exigían DNI a los clientes de nuevas líneas.
Sin embargo, el decreto exigía un sistema de verificación biométrica de huella dactilar con sus compradores y que permita la validación de sus referencias tomadas con la base de datos del RENIEC. A la fecha el proyecto se quedó en nada.
El plan resultaría efectivo porque las empresas incumplen con la exigencia de la copia de DNI, según Liliana Ruiz, presidenta de Alterna Perú. Por su parte, Rita Aguilar, experta de la Dirección de Regulación de Telefónica, indicó que cualquier ciudadano puede comprar las líneas que quiera. Nadie les preguntará para qué tantas líneas.
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