Así señaló el Ing. Juan Samanez Bilbao, director de la DREM-Junín, durante la presentación de los resultados de una supervisión a 88 empresas mineras entre pequeños productores mineros y productores minero artesanales de Junín, respecto al cumplimiento de los Decretos Legislativos promulgados al amparo de la Ley Nº 29815.
El funcionario precisó que de un total de 88 concesiones supervisadas, 12 cumplieron con el PLANEFA - 2015, 67 supervisiones fueron especiales (denuncias hechas por las comunidades y otras) y 09 supervisiones fueron de formalización mineras, de todos ellas 30 concesiones mineras pasaron al proceso administrativo sancionador.
“El balance no es desalentador, sin embargo invocamos a las autoridades, organizaciones y población en general, a contribuir en la consolidación del ordenamiento de la minería informal y la erradicación definitiva de la minería ilegal que tanto daño ambiental, social y económico hace a nuestro país”, enfatizó.
“El balance no es desalentador, sin embargo invocamos a las autoridades, organizaciones y población en general, a contribuir en la consolidación del ordenamiento de la minería informal y la erradicación definitiva de la minería ilegal que tanto daño ambiental, social y económico hace a nuestro país”, enfatizó.
Más adelante destacó que entre los principales avances se tiene la creación del Registro Nacional de Declaraciones de Compromiso y del Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo para evaluar y mitigar los impactos ambientales.
Asimismo resaltó el establecimiento de áreas geográficas, rutas fiscales y puestos de control en la región Junín, así como las acciones de supervisión realizadas en la margen derecha de Jauja a Huancayo.
Asimismo resaltó el establecimiento de áreas geográficas, rutas fiscales y puestos de control en la región Junín, así como las acciones de supervisión realizadas en la margen derecha de Jauja a Huancayo.
El Ing. Juan Samanez reiteró la necesidad de que el Estado fortalezca su accionar contra la minería informal e ilegal en el marco de una actuación coordinada, planificada y sostenida en el tiempo, que garantice el cumplimiento de los objetivos establecidos en materia de formalización, remediación de la minería ilegal.
Por ello subrayó que es necesario implementar dicho marco normativo en acciones concretas, que permitan la formalización de aquellos mineros que se adecúen al régimen establecido, la erradicación de actividades mineras delictivas y la remediación ambiental y social de impactos generados por estas actividades.
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