La indolencia del gobierno nacionalista con La Oroya
Pedro Pablo Kucsynski estuvo en La Oroya. Vuelve a prometer a los trabajadores del Centro Metalúrgico que reactivaría las operaciones de ser elegido presidente. PPK entiende el problema y sabe la solución. Con Humala se perdieron cinco años.
En 2011, los congresistas por Junín, recién sentados en sus curules, se interesaron por la “problemática” Doe Run. Convocaron a representantes de la empresa, trabajadores, sociedad civil, funcionarios y autoridades. Allí, un dirigente sindical dijo estar harto de repetir lo mismo a las mismas personas y en el mismo lugar sin iniciativas de solución. Cierto. Estamos hartos de escribir lo mismo mientras 2,400 trabajadores pueden ser despedidos, La Oroya seguir perdiendo vida y el país sin percibir $500 millones por exportación de valor agregado en lugar de concentrados. Sólo a los administradores temporales, nombrados por la junta de acreedores, les va de maravillas cobrando jugosos emolumentos y disponiendo de los activos de la empresa a su regalado gusto.
En medio de inminentes despidos e incertidumbres, un consorcio norteamericano visita la fundición que, para el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, es obsoleta aún cuando se hicieron varios trabajos para mejorarla. Ciego y sordo a inversiones de $800 millones que en 14 años podrían modernizar la planta con nuevos hornos, trasladando la chimenea, completando los proyectos ambientales pendientes y encapsulando las operaciones para evitar que dióxido de azufre alcance La Oroya y alrededores, para demostrarle al mundo la competencia de la ingeniería peruana cuidando agua, aire y suelo.
El gobierno de Humala empecinado en mantener una legislación ambiental que pone a Perú fuera de toda inversión. Humala apuesta por la liquidación simple, vender como chatarra el Centro Metalúrgico La Oroya y rematar la mina Cobriza aun cuando existe la posibilidad de que los trabajadores organizados puedan comprar los activos con el 7.1% de acreencias que tienen como deuda laboral.
Falta voluntad política y deseos de resolver el problema. Al Estado – Sunat y Ministerio de Energía, que tienen el 45% de las acreencias - no le interesa reestructurar la empresa, modernizarla y volverla operativa.
No hay mal que dure cien años. Las turbas no deben volver a tomar la carretera central ni nuevas mesas de alto nivel o desarrollo se ocupe in sæcula sæculorum de un problema que necesita atención determinante, sin tanto floro que impide promover más riqueza y desarrollo.
En estos días, la junta de acreedores se reunirá para decidir si el administrador se hará cargo o no de hacer añicos la empresa o postergarla para que el próximo gobierno pueda darle solución. La decisión final dependería de cómo vote Doe Run Cayman en la junta de acreedores, poseedor del 28.7% de las acreencias.
Luis Castillo, representante de los trabajadores y vicepresidente de la junta de acreedores, desaprueba el desempeño de Dirige SAC, el actual administrador, por haber destruido la armonía entre trabajadores y empresa y limitarse a liquidar la empresa, sin esfuerzos para encontrar un inversionista firme, e “invoca que se ejecute la selección del liquidador con la debida transparencia”.
La Oroya recordará la inutilidad de Ollanta Humala. Equivocado si cree que regalando cien soles y pañales es suficiente para salir de la pobreza. En cinco años no resolvió la “problemática” Doe Run. Dejó hacer, dejó pasar. Le faltó, como en todo, imaginación, liderazgo, valentía y decisiones firmes.
Por: Manuel Gago
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