* Construcción del pequeño sistema eléctrico de Betania que dotaría de luz a ocho comunidades nativas de Río Negro en Satipo está inconclusa y paralizada.
* Se advierte presunto perjuicio económico por S/.2’158,729.34 por pago de valorizaciones por partidas contractuales y adicionales no ejecutadas.
* Contraloría halla responsabilidad penal sobre el Ing Tedy Bejarano y otros funcionarios del Gobierno Regional de Junín.
La auditoría de cumplimiento sobre la obra “Construcción del pequeño sistema eléctrico Betania – Electrificación de 8 localidades de la Cuenca del Rio Tambo”, encuentra responsabilidad penal sobre los funcionarios del Gobierno Regional de Junín, involucrados en el periodo auditado entre el 01 de enero de 2012 al 31 de enero de 2016.
Tras una visita in situ, la comisión auditora acreditada, ha evidenciado que la obra valorizada en S/.8’227,503.27, que supuestamente beneficiaría a las comunidades nativas de Vista Alegre, Charahuaja, Capitiri, Shejova, Quemarija, Shevoriato y Marankiari del distrito de Río Tambo, se encuentra inconclusa y paralizada.
La acción de Contraloría revela que el Gobierno Regional de Junín pagó por partidas contractuales y adicionales no ejecutadas y que al contravenir la normativa aplicable, ha generado un presunto perjuicio económico por S/.2’158,729.34.
Cabe señalar que el Consorcio Eléctrico Perú, tenía a su cargo la edificación de la Bocatoma, Desripiador, Desarenador, Conducción, Cámara de Carga, Tubería Forzada, Casa de Máquinas y suministro y montaje de equipos electromecánicos, así como el puente colgante peatonal, según el expediente técnico.
Actualmente, en la zona del proyecto, no se aprecian señales de excavación, voladuras o corte de maquinarias.
Se ha observado además que, el contratista ha dejado materiales y equipos de uso eléctrico en estado de abandono.
Se ha observado además que, el contratista ha dejado materiales y equipos de uso eléctrico en estado de abandono.
advierte que tampoco se ha llevado un adecuado almacenaje de los materiales generando un riesgo de deterioro en la calidad de los materiales.
RESPONSABILIDADES
Los hechos revelados se habrían generado por el accionar de los inspectores de obra y supervisor de obra del consorcio Betania al dar conformidad a las valorizaciones de obra que contenían partidas no ejecutadas por el contratista.
De igual forma, por el accionar de los subgerentes de Supervisión y Liquidación de Obras y Coordinador de obra, al dar conformidad para el pago previa revisión y aprobación de las valorizaciones de las partidas contractuales y adicionales no ejecutadas. Asimismo, los Gerentes Regionales de Infraestructura al consentir las valorizaciones y dar trámite para los respectivos pagos.
Consecuentemente, Contraloría ha encontrado responsabilidad penal por las conductas de los funcionarios referidos, estando la obra inconclusa y paralizada y habiendo advertido un millonario presunto perjuicio económico.
De esta forma la Contraloría General de la República continúa impulsando su rol fiscalizador y supervisor para verificar la correcta aplicación de las políticas públicas y el uso de los recursos y bienes del Estado.
RESPONSABILIDADES
Los hechos revelados se habrían generado por el accionar de los inspectores de obra y supervisor de obra del consorcio Betania al dar conformidad a las valorizaciones de obra que contenían partidas no ejecutadas por el contratista.
De igual forma, por el accionar de los subgerentes de Supervisión y Liquidación de Obras y Coordinador de obra, al dar conformidad para el pago previa revisión y aprobación de las valorizaciones de las partidas contractuales y adicionales no ejecutadas. Asimismo, los Gerentes Regionales de Infraestructura al consentir las valorizaciones y dar trámite para los respectivos pagos.
Consecuentemente, Contraloría ha encontrado responsabilidad penal por las conductas de los funcionarios referidos, estando la obra inconclusa y paralizada y habiendo advertido un millonario presunto perjuicio económico.
De esta forma la Contraloría General de la República continúa impulsando su rol fiscalizador y supervisor para verificar la correcta aplicación de las políticas públicas y el uso de los recursos y bienes del Estado.
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