La norma que dará el Ejecutivo para impedir que empresas que hayan cometido actos de corrupción vuelvan a contratar con el Estado, cambiará la actual situación en la que las sentencias penales contra funcionarios privados no necesariamente representan una inhabilitación para la compañía.
Sanciones actuales. Así lo explicó el abogado Ricardo Luque, quien dijo que actualmente solo son los órganos administrativos y nos los judiciales son los que impiden que una empresa vuelva a recibir fondos estatales. "Solamente tienen impedimento de contratar con el estado aquellos que han sido inhabilitados por el tribunal del OSCE y el tribunal del OSCE no ve temas penales, el tribunal ve acciones administrativas", indicó.
Caso Odebrecht. Como se conoce, el primer ministro Fernando Zavala, anunció que los cambios en la ley de contrataciones incluirán la prohibición de que empresas sancionadas por casos de corrupción puedan contratar con el estado, para impedir que empresas como la brasileña Odebrecht, que habría pagado sobornos a autoridades peruanas entre 2005 y 2014, vuelva a ganar contratos.
Precisiones. No obstante, Luque consideró que la norma debe establecer si las sanciones tomarán en cuenta solo procesos judiciales realizados en el Perú o también en el extranjero. "Lo que yo sé es que no hay ningún accionista de Odebecht sancionado por el pder judicial peruano, entonces tendría que ser con el poder judicial brasileño o con el poder judicial americano, por eso hay que ver cómo se construye este impedimento", comentó.
Nuevas empresas. Luque enfatizó que los actos de corrupción son realizados por los funcionarios, por lo que la nueva norma debería apuntar a impedir que estos formen nuevas empresas para trabajar con el estado. "Hay que evitar que estas personas se reciclen en otras empresas nuevas y puedan presentarse en otras contrataciones con el Estado".
Respecto a la situación de los más de 40 proyectos que ya se ha adjudicado Odebrecht en el Perú entre 2005 y 2014, luque explicó que solo en aquellos en los que exista una cláusula anticorrupción, se podría cancelar el contrato con el estado, como es el caso del Gasoducto Sur Peruano.
fuente rpp
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