En el marco del Día Mundial de los Derechos de los Consumidores
Precio de instalación de decodificadores debe responder a estructura de costos.
Tras la publicación de la norma dada por Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) que recoge las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo, prohibiendo alquilar o vender los decodificadores para la televisión por cable, la Defensoría del Pueblo advierte del peligro que se produzca concertación de precios debido a que la empresa Telefónica ahora cobra el mismo monto que Claro (S/ 309) por instalar dicho servicio. Este cobro resultaría excesivo, comparado a los S/ 100.15 que Telefónica cobraba hasta enero del presente año.
Al respecto, la DP recomendó al Osiptel y al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) garantizar que las empresas operadoras no realicen prácticas prohibidas como la concertación de precios, para trasladar el cobro que hacían por la venta o alquiler del decodificador al costo de instalación del equipo, lo cual desincentiva a los usuarios a cambiar a otro operador y debilita los incentivos para que las empresas ofrezcan un mejor servicio público.
Asimismo, la Defensoría solicitó al regulador aclarar si las empresas operadoras podrán exigir a los usuarios el pago de las cuotas pendientes por concepto de compra-venta de decodificadores, considerando que esta transacción se produjo como una condición requerida por la empresa al usuario para adquirir el servicio. La norma emitida establece que la adecuación de los contratos de compra-venta, las condiciones de pago y propiedad se sujetan a lo pactado por las partes; sin embargo, el usuario podría verse en una situación de desventaja frente a las condiciones impuestas por la empresa.
Finalmente, tomando como ejemplo la regulación en Chile, la Defensoría señaló que la normatividad nacional debe establecer que los decodificadores cuenten con una certificación de calidad que acredite su correcto estado de fabricación, con el fin de asegurar su adecuado funcionamiento y evitar riesgos de incendios u otros accidentes. Por ello, exhortó al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y al Instituto Nacional de Calidad (Inacal) a adoptar acciones en la materia.
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