Por Álvaro Meneses
Los 13 militares en retiro acusados de violar sexualmente a 9 campesinas de las comunidades de Manta y Vilca de Huancavelica durante el conflicto armado interno podrían pasar hasta 20 años en la cárcel.
Esta mañana, la fiscal superior María Eugenia Carrasco de la Tercera Fiscalía Superior Penal Nacional, sustentó ante la Sala Penal Nacional su pedido de 6, 8, 18 y hasta 20 años de cárcel para los militares enjuiciados por presuntamente abusar sexualmente de 9 mujeres de Huancavelica entre 1984 y 1995, delito considerado por la Fiscalía como crimen de lesa humanidad.
Además de la pena privativa, la fiscal superior María Carrasco pidió que los acusados paguen entre 100 mil y un millón de soles de reparación civil para las afectadas, quienes actualmente viven en extrema pobreza y con hijos producto de las violaciones sexuales.
Para Juan José Quispe, abogado del Instituto de Defensa Legal a cargo del patrocinio de seis de las víctimas, el alfil de los militares acusados es sostener que tuvieron una relación amorosa con las campesinas afectadas.
“Demostraremos en juicio oral que los actos contra la libertad sexual de las agraviadas fueron cometidas contra su voluntad, que nunca existió una relación amorosa entre las agraviadas y los militares, que las denuncias son ciertas y que no obedecen a un acto de venganza de las agraviadas porque los militares no reconocieron a los hijos que procrearon o no les pasaron una pensión alimenticia y que los actos criminales se cometieron al interior de la Base Militar de Manta así como en los propios domicilios de las víctimas”, manifestó Quispe para Wayka.
Los militares acusados de ser autores directos de las violaciones sexuales son Pedro Chanel Pérez López, Martín Sierra Gabriel, Rufino Donato Rivera Quispe, Vicente Yance Collahuacho, Epifanio Delfín Quiñones Loyola, Amador Gutiérrez Lizarbe, Julio Julián Meza García, Gabriel Edwin Carrasco Vásquez, Diómedes Gutiérrez Herrera, Lorenzo Inga Romero y Sabino Rodrigo Valentín Rutti.
En el caso de los militares en retiro, Raúl Ángel Pinto Ramos y Arturo Hernán Simarra García, se les acusa de ser los actores mediatos de los abusos perpetrados contra las 9 campesinas de Manta y Vilca.
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