Por Martín Tanaka
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En los últimos días hemos tenido una reveladora muestra de la variedad y complejidad de los conflictos que existen en el país, y de lo difícil que es negociar las demandas que se presentan, dada la desconfianza que existe entre la población movilizada y las autoridades políticas, y lo habitual que se ha vuelto recurrir a medidas de fuerza muy extremas como forma de protesta. Consiguientemente, se vuelve habitual también que en el restablecimiento del orden público se produzcan muertos y heridos, lo que es inaceptable.
El presidente electo debe tomar muy en serio esta pesada herencia que le deja el gobierno de García; sin embargo, no parece hasta el momento ser una prioridad dentro de la comisión de transferencia. Hay varios asuntos urgentes: primero, definir cuál será la estrategia y la entidad responsable frente a los conflictos. ¿Seguirá siendo Unidad de Prevención de Conflictos de la Presidencia del Consejo de Ministros? Este organismo debería encargarse de coordinar la acción de los diferentes sectores del Poder Ejecutivo, así como las acciones del Ejecutivo y otros poderes del Estado, y los gobiernos regionales; todo esto con unidad de criterio, protocolos bien establecidos, que permitan ubicar fuentes potenciales de conflicto, recomendar acciones y velar por el cumplimiento de acuerdos y compromisos cuya implementación corresponde a muy diferentes entidades responsables. Esto es imposible sin un gran respaldo político.
De otro lado, atacar las causas de fondo de los problemas implica un conjunto muy amplio de cambios en los marcos legales existentes. Si tomamos en cuenta solamente los conflictos ambientales y la actividad extractiva, debería considerarse que no solo urge reevaluar el pago de impuestos y regalías, también las exigencias en cuanto a responsabilidades ambientales y de relación comunitaria, así como una redefinición de las competencias y responsabilidades en los Ministerios de Energía y Minas y del Ambiente.
La bancada oficialista en el Congreso deberá incluir algunos de estos cambios dentro de una agenda legislativa consensuada con las demás fuerzas políticas, especialmente con los congresistas de las regiones más conflictivas. Está en agenda la ley de consulta previa a las comunidades indígenas, o la revisión de la ley forestal, por ejemplo.
Finalmente, el gobierno entrante debiera tener iniciativas que permitan crear un clima de distensión y diálogo que permita atender los problemas urgentes mientras se implementan soluciones de fondo (que pasan por fortalecer la zonificación económico- ecológica, los planes de ordenamiento territorial y los planes de desarrollo regional, entre otras cosas).
Un pedido de disculpas por la desatención del Estado ante los reclamos de las poblaciones afectadas por las actividades extractivas podría ayudar. Lo importante es entender que los conflictos no terminarán con la salida de Alan García.
El presidente electo debe tomar muy en serio esta pesada herencia que le deja el gobierno de García; sin embargo, no parece hasta el momento ser una prioridad dentro de la comisión de transferencia. Hay varios asuntos urgentes: primero, definir cuál será la estrategia y la entidad responsable frente a los conflictos. ¿Seguirá siendo Unidad de Prevención de Conflictos de la Presidencia del Consejo de Ministros? Este organismo debería encargarse de coordinar la acción de los diferentes sectores del Poder Ejecutivo, así como las acciones del Ejecutivo y otros poderes del Estado, y los gobiernos regionales; todo esto con unidad de criterio, protocolos bien establecidos, que permitan ubicar fuentes potenciales de conflicto, recomendar acciones y velar por el cumplimiento de acuerdos y compromisos cuya implementación corresponde a muy diferentes entidades responsables. Esto es imposible sin un gran respaldo político.
De otro lado, atacar las causas de fondo de los problemas implica un conjunto muy amplio de cambios en los marcos legales existentes. Si tomamos en cuenta solamente los conflictos ambientales y la actividad extractiva, debería considerarse que no solo urge reevaluar el pago de impuestos y regalías, también las exigencias en cuanto a responsabilidades ambientales y de relación comunitaria, así como una redefinición de las competencias y responsabilidades en los Ministerios de Energía y Minas y del Ambiente.
La bancada oficialista en el Congreso deberá incluir algunos de estos cambios dentro de una agenda legislativa consensuada con las demás fuerzas políticas, especialmente con los congresistas de las regiones más conflictivas. Está en agenda la ley de consulta previa a las comunidades indígenas, o la revisión de la ley forestal, por ejemplo.
Finalmente, el gobierno entrante debiera tener iniciativas que permitan crear un clima de distensión y diálogo que permita atender los problemas urgentes mientras se implementan soluciones de fondo (que pasan por fortalecer la zonificación económico- ecológica, los planes de ordenamiento territorial y los planes de desarrollo regional, entre otras cosas).
Un pedido de disculpas por la desatención del Estado ante los reclamos de las poblaciones afectadas por las actividades extractivas podría ayudar. Lo importante es entender que los conflictos no terminarán con la salida de Alan García.
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