El Senado sancionó la norma y la remitió a Morales para su promulgación, informó el presidente de esa cámara, René Martínez, dirigente del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS). La ley otorga un 33 % del espectro electromagnético al Estado, otro tanto al sector privado y el tercio restante a organizaciones indígenas y sociales afines al Gobierno.
Según los críticos de la ley, en la práctica Morales controlará hasta un 66 % del espectro debido a su relación con las organizaciones indígenas y sociales, con el riesgo de que los medios privados sean desplazados y pierdan sus licencias.
Asociaciones de emisoras de radio y de periodistas critican la norma porque, en su criterio, atenta contra las libertades establecidas en la Constitución, promueve el control de los medios de comunicación independientes y puede dar paso a la manipulación informativa oficialista.
Esta ley de telecomunicaciones, una de muchas que ha promovido Morales y afectan a la libertad de expresión y a los medios, según la oposición, también permite las escuchas telefónicas "en caso de peligro del Estado, amenaza externa, conmoción interna o desastres".
El presidente del Senado declaró hoy que la nueva normativa está en el marco de la Constitución y no hay ninguna vulneración de derechos, como denuncia la oposición.
En cambio, el senador opositor Bernard Gutiérrez dijo que la ley "legaliza la escuchas telefónicas" y preocupa por la posibilidad de que políticos y periodistas sean objeto de "pinchazos" con el argumento de seguridad nacional.
"Estos son elementos de preocupación sobre esta ley, que está fundada en que no vivimos en un Estado pleno de derecho", agregó.
La normativa también ha sido criticada porque establece que los canales de televisión y las emisoras de radio deberán trasmitir gratuitamente cada año dos discursos de Morales.
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