El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) y el Consejo de la Prensa Peruana pidieron al presidente Ollanta Humala observar la llamada "ley mordaza", que incrementa la pena privativa de la libertad a quienes difundan comunicaciones no autorizadas.
IPYS califica de "impracticable y contradictoria, que limita claramente la libertad de informar”, a la iniciativa que modifica el artículo 162º del Código Penal, a efectos de sancionar con pena privativa de la libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años a quienes difundan comunicaciones privadas obtenidas a través de interferencias no autorizadas.
La iniciativa, que quedó expedita para su promulgación por el Ejecutivo, exceptúa de responsabilidad la difusión de comunicaciones “que tuviesen contenido delictivo perseguible por acción penal pública o que contravengan el ordenamiento legal vigente”. Si el Jefe de Estado no observa la ley en 15 días, el Congreso será el encargado de aprobarla.
“Eso (determinar un delito perseguible) es tarea de la justicia, no de la prensa. Si existe información de interés público, así haya sido obtenida ilegalmente, debe ser puesta en conocimiento de la opinión pública, independientemente de que se investigue y sancione a quien la interceptó indebidamente”, señala el documento.
Asimismo, consideró que este proyecto de ley vulnera considerablemente la libertad de informar e impediría difundir comunicaciones que revelen hechos de gran relevancia. A modo de ejemplo, citó las contradicciones en el discurso de un gobernante sobre asuntos de interés nacional y la incapacidad de un funcionario para ocupar un cargo público.
“En tal sentido, en el marco de su reiterada posición pública en defensa de la libertad de expresión, el IPYS exhorta al Ppresidente de la República a observar la autógrafa que con los desatinos señalados remitió el Congreso”, concluye el comunicado del IPYS.
Por su parte, el Consejo de la Prensa Peruana mostró su preocupación “ante las graves consecuencias para la libertad de prensa y el derecho ciudadano a la información, implícitas en el autógrafo del proyecto de ley que propone modificar el artículo 162º del Código Penal, referido a la intervención de las comunicaciones privadas”.
Mediante un comunicado, señaló que la iniciativa legislativa aprobada por el pleno del Congreso de la República “propicia un ambiente proclive a la censura, al establecer sanciones privativas de la libertad a quienes difundan materiales producto de la interceptación”.
“Exime de responsabilidad únicamente a la difusión de materiales de contenido delictivo perseguible por acción penal pública o contraria a la normatividad vigente, esto en detrimento del derecho ciudadano de acceder a información de interés público”, consigna la nota.
Explica que se debe resaltar que el Consejo de la Prensa no se opone a que el Poder Judicial sancione a quienes infringen la ley mediante la interceptación ilegal de las comunicaciones.
Sin embargo, coincidieron con el criterio del Tribunal de Ética que establece que corresponde a los directores y editores de cada medio de comunicación privilegiar el interés público exclusivamente en situaciones de conflicto entre aquellos derechos fundamentales vinculados a la intimidad y a la libertad de expresión.
Sin embargo, coincidieron con el criterio del Tribunal de Ética que establece que corresponde a los directores y editores de cada medio de comunicación privilegiar el interés público exclusivamente en situaciones de conflicto entre aquellos derechos fundamentales vinculados a la intimidad y a la libertad de expresión.
“El Consejo de la Prensa Peruana exhorta al Presidente de la República, Ollanta Humala Tasso, a que, consecuente con su compromiso con la lucha anticorrupción, observe y no promulgue la propuesta legislativa, máxime cuando, en el pasado, revelaciones de esta naturaleza han contribuido a develar actos de corrupción en torno a temas de interés público, que de otra manera hubieran quedado impunes”, precisa el documento.
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