foto Juan Guevara |
Esta iniciativa propone que la investigación se realice en un plazo máximo de 120 días y que las pesquisas no solo se centren en los siete parlamentarios cuestionados, sino en toda la penetración que el narcotráfico ha tenido, desde 1992 hasta la actualidad, en el segundo poder del Estado.
La propuesta fue presentada ayer tras la revelación hecha por el sociólogo Apolinario Jesús Antezana en la revista Caretas, en la que denuncia que siete parlamentarios de la actual gestión poseen vínculos con el narcotráfico.
Los legisladores involucrados en la citada denuncia son: tres congresistas del partido oficialista Gana Perú (Teófilo Gamarra, Josué Gutiérrez y Wilder Ruiz), dos del partido fujimorista Fuerza Popular (María Magdalena López y Federico Pariona), uno del partido aprista y miembro de la bancada Concertación Parlamentaria (Elías Rodríguez) y otro de la novel bancada Unión Regional (Norman Lewis).
Esta propuesta podrá ser aprobada, por simple mayoría, entre los congresistas que estén presentes en la sesión del próximo jueves.
Este incidente ha sido bautizado como el caso ‘narcocongresistas’ y fue parte del debate de la sesión del Pleno realizado ayer en el Congreso.
Tres nacionalistas
Según el reportaje de Caretas, el nacionalista Teófilo Gamarra sería pariente de Wálter Gamarra Lino, cabeza de una presunta mafia de lavado de activos del narcotráfico en Iquitos, con un desbalance patrimonial de 90 millones de soles. “No soy familiar de ese señor. No lo conozco”, aseguró el legislador.
Por su parte, el también oficialista Wilder Ruiz sería dueño de una propiedad de entre cinco y diez hectáreas en Huaura, en la que cultivaría marihuana. “Es mentira. Es una canallada. Pido que este hecho sea investigado. Voy a proceder de acuerdo a ley”, aseguró en el Parlamento.
Josué Gutiérrez, según la misma denuncia, ha sido gerente de una empresa del actual presidente regional de Huánuco, Luis Picón Quedo, quien es investigado, junto a su familia, por el lavado de activos provenientes del tráfico de drogas, y se revela, además, que el cuestionado personaje aportó dinero a su campaña electoral al Congreso, en 2011.
El parlamentario negó tener cualquier relación con Picón y se mostró a favor de que se forme una comisión para investigar ese hecho. “El narcotráfico es una lacra a la que combatimos. Me reafirmo, debe haber un consenso (para investigar)”.
Dos fujimoristas
Federico Pariona ha sido vinculado con el actual alcalde provincial de Satipo, comandante del Ejército del Perú (EP), en retiro, César Merea Tello. Según Antezana, Pariona fue designado por Merea como gerente de Desarrollo Económico en la Municipalidad de Satipo, en noviembre de 2010.
Merea ha sido investigado por la fiscal Ana Ley por alojar en la Villa Militar de Piura a narcotraficantes del cártel de Tijuana, a los que se les decomisó una carga de 698 kilos de cocaína en Paita, el 12 de noviembre de 2004. Este medio no pudo entrevistar a Pariona; no obstante, el vocero fujimorista, Julio Gagó, rechazó esa denuncia.
María Magdalena López ha sido investigada, según el informe de Caretas, junto con su esposo, Erlis del Castillo, por desbalance patrimonial, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero (vinculado con el exasesor de Inteligencia Vladimiro Montesinos). El fiscal anticorrupción Walter Delgado la denunció por enriquecimiento ilícito, en 2011.
“Como hasta el momento no han encontrado nada en la investigación preliminar por enriquecimiento ilícito, ahora quieren involucrarme con el narcotráfico. No lo voy a permitir” aseguró.
Un aprista
El aprista Elías Rodríguez ha sido acusado de haber recibido un préstamo de 10 mil dólares de Fidel Sánchez Alayo, investigado junto a su padre por lavado de dinero del narcotráfico, para la compra de muebles para su oficina.
“En 2008 fui investigado por la Fiscalía y la Comisión de Ética del Congreso por ese hecho. Ambos archivaron la denuncia. Es un capítulo cerrado. Voy a denunciar a Antezana”, dijo a diario16.
Un regionalista
El regionalista Norman Lewis ha sido sindicado de haber estado vinculado a un extraño crimen ligado al narcotráfico. Su guardaespaldas Ronald Yengle Vásquez (41), ‘Rambo’, fue asesinado, al parecer por un ajuste de cuentas.
Lewis negó que Yengle haya sido su ‘guachimán’, pero aceptó que en 2011 fue investigado por lavado de activos, pero precisó que el caso fue archivado.
El legislador le dio 48 horas a Antezana para que realice un desagravio público o, de lo contrario, lo denunciará penalmente por difamación.
Juan Carlos Ch.
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