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| foto Juan Guevara |
El presidente del Poder Judicial, Enrique Mendoza Ramírez, se presentó este martes 15 ante la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, que preside el legislador Néstor Valqui Matos (FP), para sustentar un proyecto referido a la ley de coordinación intercultural de la justicia y sus alcances en las comunidades nativas e indígenas del territorio peruano. La propuesta fue presentada por ese poder del Estado ante el Congreso de la República.
“Luego de sucesivas sesiones de análisis de los precedentes legislativos, así como del intercambio con expertos nacionales y extranjeros, en reuniones y talleres, se pudo trabajar y configurar un marco de principios, políticas y reglas que integran el presente proyecto de ley referido a la coordinación intercultural de justicia en nuestro país. Agradezco el interés de los miembros de esta comisión de trabajo por interesarse, e invitarnos a disertar sobre esta iniciativa que marcará un nuevo hito en la administración de justica en el Perú”, manifestó el titular del Poder Judicial.
Se informó que ese proyecto contiene fundamentos y principios sobre administración de justicia para este caso, como la coexistencia de sistemas de justicia, la interculturalidad como base de la integración de los sistemas de justicia, que consiste en que la justicia debe expresarse en un diálogo permanente, pero en insoslayables condiciones de igualdad y respeto mutuo. De igual forma, la cooperación entre autoridades y órganos de resolución, así como la complementariedad y reconocimiento de resoluciones, para que todo lo resuelto por un órgano competente de los sistemas de justicia sea reconocido y ejecutado por los órganos de los demás sistemas de justicia. Debe darse la condición de cosa juzgada o causa resuelta.
También manifestó que esa iniciativa se caracteriza por ser un instrumento legislativo breve y de clara orientación práctica, para lo cual evita complejidades normativas o innecesarios contenidos reglamentaristas, como podría ocurrir con otras iniciativas de ley, entre otros aspectos vinculados a esa propuesta como las políticas de gestión de justicia y actos de cooperación.
“Debemos entender la interculturalidad de la administración de justicia como un proceso dinámico e interactivo que debe darse en igualdad de condiciones, y no como un pasivo reconocimiento de un pluralismo jurídico o la existencia de órganos jurisdiccionales comunales meramente subsidiarios o de segundo nivel. Este es el enfoque que en los últimos cuatro años viene difundiendo el Poder Judicial del Perú como política institucional para orientar la actuación de sus instancias y órganos jurisdiccionales”, consideró Mendoza Ramírez.
Luego de la exposición del presidente del Poder Judicial diversos parlamentarios intervinieron en relación al tema formulado. Los legisladores César Yrupailla Montes y Eduardo Nayap Kinin (NGP) coincidieron en señalar la importancia de esa iniciativa y en especial el capítulo que señala las disposiciones de la presente ley que no solo deben interpretarse en concordancia con la Constitución Política, los tratados y acuerdos sobre derechos humanos ratificados por el Estado peruano - es especial los referidos a pueblos indígenas- y las sentencias emitidos por organismos del sistema de protección de derechos humanos, entre otros aspectos relacionados a esa propuesta.
“Una ley que coordine sistemas de justicia es una herramienta sumamente útil para disminuir costos y plazos que en un inicio costará relacionarse y conocerse mutuamente entre sistemas, no solo indígenas frente a los estatales, sino entre los diversos pueblos indígenas. Esta iniciativa merece todo nuestro apoyo y permitirá administrar una justicia en este sector que tiene sus propias vivencias y tradiciones y que tendrá un mejor acceso a la justicia que los reivindicará por tantos años de olvido”, consideró el parlamentario Yrupailla Montes.
El titular de la Comisión de Pueblos Andinos, Néstor Valqui, señaló que la iniciativa tiene como finalidad establecer principios y políticas, criterios y reglas para la coordinación entre la jurisdicción especial comunal y la jurisdicción ordinaria. “Actualmente las comunidades indígenas y campesinas viven en un olvido total por parte del Estado, y por ello la integración de las comunidades campesinas e indígenas con justicia ordinaria es muy importante. El Poder Judicial debe tener una visión antropológica de ese grupo de ciudadanos”, refirió.
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