Después de un cuarto intermedio, el proyecto conocido como ‘IGV justo’ tuvo algunas modificaciones respecto a lo aprobado hace dos semanas.
Los cambios se realizaron a pedido de la bancada de Peruanos por el Kambio (PPK), que solicitó establecer que se podrán beneficiar a las empresas que facturen menos de 1,700 UIT (S/. 6 millones) al año, si cumplen con mantener un buen récord de pago de tributos a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).
Exclusiones
La presidenta de la Comisión de Economía, Mercedes Aráoz, dijo que se está poniendo exclusiones a las empresas que no hayan cumplido adecuadamente con las normas tributarias.
También están excluidas las mypes que mantengan deudas tributarias exigibles coactivamente mayores a una UIT; las mypes que tengan como titular a una persona natural o socios que hubieran sido condenados por delitos tributarios o quienes se encuentren en proceso concursal, según la ley de la materia.
El pronunciamiento parlamentario sumó 107 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Declaración
La representación nacional aprobó también por unanimidad extender a los funcionarios y servidores públicos la obligación de presentar una declaración jurada de ingresos, bienes y rentas, a fin de que sean fiscalizados por la Contraloría.
Durante la sustentación del dictamen, el presidente de la Comisión de Justicia del Parlamento, Salvador Heresi, explicó que la medida legal alcanza a todos los funcionarios, empleados de confianza y servidores estatales. La norma constituye una medida eficaz para combatir la corrupción, agregó.
Heresi resaltó la importancia de la propuesta porque permite mayor rigor y control sobre el personal de confianza en el aparato público. Además, dijo, pone énfasis en la transparencia.
Prevención
Al inicio de la sesión, se proyectó un video relativo a las medidas de previsión que debe adoptarse en el Palacio Legislativo en casos de un sismo que podría sobrevenir en cualquier circunstancia. El documento fue elaborado por la Unidad de Prevención y Seguridad del Poder Legislativo.
Propuesta permite mayor rigor y control sobre el personal de confianza en el aparato público.
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