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| foto Juanse Guevara. |
El burgomaestre del distrito de Sapallanga, Walter Meza Delgadillo, denunció la inscripción ilícita de más de ocho hectáreas de la comunidad de la Punta a nombre de un tercero.
La autoridad indicó que la familia Bonilla García reclama el terreno, donde se encuentra la institución educativa N° 3026, la plaza principal, una parte del cementerio, el local comunal y varias viviendas.
Meza Delgadillo indicó que el terreno es reclamado, luego de 60 años por los supuestos propietarios pese a que la comunidad campesina es reconocida con 20 años más de antigüedad.
La autoridad también refirió que la misma familia también reclama un terreno de diez hectáreas en el sector de Miraflores, en la jurisdicción de Sapallanga, y en el que se encuentra un río que es usado para irrigar decenas de terrenos de cultivo.
Ante las denuncias de la inscripción ilícita de los terrenos ubicados en el sector de la Punta, cientos de pobladores realizaron una marcha de sacrificio a la Corte Superior de Justicia de Junín, para solicitar la intervención de las autoridades.
El Presidente de la Corte Superior de Justicia de Junín, Nick Olivera Guerra, se comprometió a seguir el proceso judicial para evitar que los presuntos traficantes de terrenos se apoderen de los terrenos.
Meza Delgadillo indicó que el terreno es reclamado, luego de 60 años por los supuestos propietarios pese a que la comunidad campesina es reconocida con 20 años más de antigüedad.
La autoridad también refirió que la misma familia también reclama un terreno de diez hectáreas en el sector de Miraflores, en la jurisdicción de Sapallanga, y en el que se encuentra un río que es usado para irrigar decenas de terrenos de cultivo.
Ante las denuncias de la inscripción ilícita de los terrenos ubicados en el sector de la Punta, cientos de pobladores realizaron una marcha de sacrificio a la Corte Superior de Justicia de Junín, para solicitar la intervención de las autoridades.
El Presidente de la Corte Superior de Justicia de Junín, Nick Olivera Guerra, se comprometió a seguir el proceso judicial para evitar que los presuntos traficantes de terrenos se apoderen de los terrenos.
R. Mendoza.
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