Escribe: Pedro Morales Mansilla.
Las “sorpresas” contenidas en las solicitudes de inscripción de listas para participar en el proceso electoral regional-municipal 2018, confirman que el Congreso controlado por el fujimorismo y comparsa “apro-apepista”, no tuvo voluntad para llevar adelante la reforma política-electoral que necesitábamos con miras a este proceso.
Ni siquiera quiso debatir la propuesta integral, hasta cierto punto profunda, sistematizada y coherente que incluso, pudo mejorase, del Grupo de Trabajo que para el tema se formó en la Comisión de Constitución. Se limitaron a tocar algunos aspectos y consolidar todo lo que favorece los intereses de Fuerza Popular, con algunos “parches” a la actual legislación que resultaron “perfecta” contra reforma, como el debilitamiento de los mecanismos de sanción al reparto de dádivas con fines de proselitismo y captación de votos.
Así mismo, confirman que la ley N° 30305, que modificó la Constitución buscando impedir la reelección inmediata de alcaldes y gobernadores es lamentablemente deficiente, ineficaz, y respondió a una alocada actitud del anterior Congreso, en el afán de encubrir su desdén en la fiscalización de evidentes corruptelas en los gobiernos sub nacionales (Con alguna excepción) que venían haciendo un carnavalesco manejo de los recursos del Estado en proyectos propios del marketing político personal y grupal, como en Junín hasta estos días.
En preocupante porcentaje de listas que buscan su inscripción, la intención de la mencionada norma, de mejorar la representación política sub nacional cayó en saco roto. Persisten las desafiantes candidaturas sospechosas y un proceso de afianzamiento de cuestionados clanes familiares que vienen haciendo gala de millonarias campañas para llegar o mantenerse en el poder, entre otras características que no nos auguran cambios en los campos de la ética y trasparencia para los actos de gobierno, obligándonos a soportar otros cuatro años perdidos.
Esto, nos recuerda demandar el retorno urgente a la agenda del debate nacional el tema de la reforma integral, profunda, sistematizada y coherente (que incluya el perfeccionamiento de la ley de no reelección de alcaldes y gobernadores) del sistema político y electoral del país.
El Congreso está en la obligación de retomarlo con el debido tiempo y seriedad con miras a las elecciones del 2021, para dotarnos de un marco legal que coadyuve con eficacia al mejoramiento de la calidad de nuestra representación política, evitándonos circunstancias de desazón similares a las que hoy nos preocupan por la oferta de candidaturas cuestionables ante la orfandad de normas que impidan su presencia y la falta del ejercicio de ciudadanía.
Para octubre, el elector, ahora más que nunca, tiene el deber votar con responsabilidad y tino para asegurar al menos malo dentro del menú de lo peor de las listas langoy.
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