El titular del subgrupo, Marco Falconí, mencionó que la decisión se tomó de manera unánime durante la sesión que vio los informes finales sobre las irregularidades que comprometen a Urtecho.
El primer informe trata sobre dos denuncias y recomienda acusar constitucionalmente a Urtecho al encontrarse indicios razonables y suficientes de los delitos de concusión (por el recorte salarial) y enriquecimiento ilícito.
El segundo determina acusarlo por infringir el derecho a trabajar libremente señalado en la Carta Magna, por lo que considera que debe ser destituido en el cargo e inhabilitado 10 años para la función pública.
La subcomisión no acusó al parlamentario por apropiación ilícita, asociación ilícita, colusión, peculado, negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, falsificación de documentos y malversación y estafa.
En el caso del recorte salarial, recordó Falconí, el propio acusado reconoció que incurrió en dicho acto desde el 2006, lo que no admitió mayor discusión entre los integrantes de la subcomisión legislativa.
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