 |
| foto Juanse Guevara |
* Contralor de la Región Centro afirma que el incremento del perjuicio económico en la región es alarmante.
* Según auditorías correspondientes al periodo 2016, el Gobierno Regional de Junín es la entidad que registra mayores pérdidas.
La Contraloría General de la República detectó un presunto perjuicio económico de 47 millones de soles, en entidades públicas de la región Junín, como resultado de las auditorías realizadas durante el periodo 2016. Según el reporte anual, el Gobierno Regional de Junín, es la entidad que registra el mayor monto de perjuicio económico, seguido por la Dirección Regional de Agricultura y la Municipalidad Distrital de Huancán.
AUDITORÍAS
Entre los principales casos de presunta corrupción, la Contraloría identificó que el Gobierno Regional de Junín generó un presunto perjuicio económico de S/ 3´076,813.14 por la elaboración del expediente técnico de la obra “Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital El Carmen”, en el que se advirtió irregularidades en la elaboración del perfil y factibilidad, ya que el proyecto se elaboró sin contar con el saneamiento físico y legal del terreno y que, finalmente culminó en la inutilidad del expediente y la ejecución de la obra en un terreno diferente.
En la construcción del pequeño sistema eléctrico de Betania, cuyo objetivo era electrificar ocho comunidades nativas de la localidad de Río Negro en Satipo, la Contraloría detectó un presunto perjuicio económico de S/.2´158,729.00 por el pago de partidas contractuales y adicionales de una obra que actualmente se encuentra paralizada e inoperativa. La auditoría de cumplimiento halló responsabilidad penal sobre los funcionarios del Gobierno Regional de Junín.
Otro proyecto que habría generado un perjuicio de S/ 2’680,241.19, es la ejecución del “Mejoramiento de la Carretera Chupuro – Vista Alegre – Chicche – Chongos Alto – Huasicancha”, donde se advirtieron metrados e importes en exceso en las valorizaciones de la obra. Además, se observó la suscripción de un convenio
específico con la UNI, para la supervisión del proyecto, al haberse considerado el pago de utilidades y otras observaciones que afectan la transparencia y legalidad de las contrataciones del Estado.
La auditoría de cumplimiento a la obra “Mejoramiento del Circuito Vial Chupaca – Sicaya – Vicso – Aco – Mito L=22 – 044 Km en las provincias de Chupaca, Huancayo y Concepción”, ejecutado también por el Gobierno Regional de Junín, reveló una serie de irregularidades por la suscripción de contrato de la obra que se efectuó fuera del plazo y sin cumplir con los requisitos exigidos. También se detectó la solicitud del adelanto directo antes de la suscripción del contrato, el otorgamiento en exceso del adelanto de materiales, la no renovación e inejecución de cartas fianzas, deficiencia en la elaboración del expediente técnico, ampliaciones de plazo, intervención económica de obra y resolución del contrato trasgrediendo la normativa legal vigente, que ocasionaron un presunto perjuicio de S/.4’056,614.84.
En la Dirección Regional de Agricultura de Junín, una auditoría a la formulación, aprobación y ejecución del expediente técnico del proyecto: “Reforestación de la Margen Derecha del Valle del Mantaro”, identificó un presunto perjuicio económico de S/.6’281,506.60. Además, la Contraloría halló otras irregularidades en este mismo proyecto, ya que durante su ejecución se detectó un segundo presunto perjuicio económico ascendente a S/ 2’374,522.31.
Otros casos donde también se advierten irregularidades, se refieren a los gobiernos provinciales y distritales. En el caso de la Municipalidad Distrital de Huancán, se ha detectado, en la obra “Mejoramiento, ampliación y construcción del sistema de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales”, que no se cumplieron con las condiciones para su inicio y se aceptaron cartas fianza emitidas por COOPEX, ampliaciones de plazo sin sustento técnico y legal, reconocimiento de pago de mayores gastos generales, reconocimiento de partidas no ejecutadas, resolución de contrato con reconocimiento de daños y otras observaciones que habrían generado un perjuicio de S/.4’361,474.12.
Mientras que en la Municipalidad Provincial de Chupaca, se observó el otorgamiento de la buena pro a favor de un contratista que no cumplía con los requerimientos mínimos por le ejecución de la obra “Mejoramiento y Rehabilitación de la carretera de acceso: Puente de acceso: Puente Collpa – San Juan de Jarpa – Yanacancha”.
Otro caso relevante en el que se hallaron indicios de presunta corrupción, se refiere al proyecto sobre la “Creación del Centro de Innovación Tecnológica de investigación y Certificación Artesanal en el distrito de Hualhuas”, ejecutado por la Municipalidad Distrital del mismo nombre, que actualmente se encuentra paralizada, inconclusa e inoperativa, habiendo provocado un presunto perjuicio de S/ 1’380,665.43.
En la Selva Central, la Contraloría auditó la obra “Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable y alcantarillado en el centro poblado San Fernando de Kivinaki, donde el Municipio Distrital de Perené otorgó la buena pro a un postor cuya propuesta debió ser descalificada, además de haber aprobado un expediente técnico con deficiencias respecto al sistema de tratamiento de aguas residuales que actualmente no cumple su objetivo. En este proyecto también se aprobó ampliaciones de plazo sin sustento y se recepcionó la obra pese a que incumplía con las especificaciones técnicas, generando un presunto perjuicio por S/388,189.40.
RESPONSABILIDADES
En todas las acciones de control efectuadas durante el periodo 2016, se han advertido responsabilidades penales, civiles y administrativas en los funcionarios públicos, siendo los ilícitos de negociación incompatible y colusión los delitos más comunes.
CIFRAS ALARMANTES
El Contralor de la Región Centro, Ing. Guillermo Uribe Córdova, manifestó que el perjuicio económico registrado en la región Junín, durante el 2016, es alarmante e hizo esta precisión tras efectuar una comparación de cifras
en los dos últimos años. Actualmente, los montos se han incrementado, pasando de once millones en el 2014 a más de 40 millones de pérdidas en el 2016.
“Dichos montos son un indicador que la corrupción en la región sigue en incremento, por la falta de sanciones ejemplares que castiguen los ilícitos en la gestión pública. Allí también hay responsabilidad de nuestros gobernantes, porque son los llamados a encabezar la lucha anticorrupción. Contraloría no puede estar detrás de todos los funcionarios, cautelando el uso de recursos públicos; sin embargo, existe el compromiso de apoyar decididamente a las gestiones, mediante el control preventivo”, sostuvo.
De esta forma la Contraloría General de la República, continúa impulsando su rol fiscalizador y supervisor para verificar la correcta aplicación de las políticas públicas y el uso de los recursos y bienes del Estado.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario