Escribe: Pedro Morales Mansilla*
Llevamos más de dos lustros debatiendo la reforma política. Hay iniciativas de partidos y aportes de los organismos electorales y ONG. Ojalá, estén sirviendo de insumo al Grupo de Reforma Electoral de la Comisión de Constitución que, sintonizando con la urgencia y demanda del país, asuma la histórica responsabilidad de elevar al Pleno del Congreso una propuesta integral, profunda y seria, sobre el trascendental objetivo.
Nos encontramos en un contexto de abrumadora corrupción y decepcionante calidad de la representación política instalada en los niveles pertinentes del Estado que obstaculiza nuestro desarrollo. Superarlo, requiere una reforma política-electoral que elimine sus causas, dentro de las cuales sobresalen la falta de financiamiento transparente y democracia interna con práctica de valores en la mayoría de partidos, falencias que hicieron del dinero el principal protagonista de nuestra política. En ese sentido, es un despropósito insinuar el incremento del tope de aportes.
Si la reforma en marcha no garantiza el financiamiento público, no elimina o regula el privado a montos razonables con origen conocido y no allana el acceso a los medios propiciando los protagonismos ideológicos y propuestas programáticas. Si no garantiza democracia interna para elegir dirigencias y candidaturas partidarias a través de elecciones con un militante un voto y participación vinculante del sistema electoral; si no garantiza eliminar las dádivas proselitistas y clientelistas, si no establece la vigencia del voto preferencial en respeto a la libertad de elegir aún dentro del menú partidario y no erradica el transfuguismo. No habrá la anhelada reforma.
Por ello, abrigamos la esperanza que en acto de grandeza y lealtad con el país, la mayoría congresal de 56% de escaños obtenidos con el 33.3% de la votación válida (legislación que debe reformarse), cuya colectividad partidaria realiza costosisimas campañas electorales con escasa transparencia del origen del dinero y utiliza dádivas como forma de proselitismo político para conseguir clientela electoral, apoye una reforma que elimine, precisamente, entre otras, esas maneras de hacer política.
Por tanto, las nuevas normas deben ser contundentes para su cumplimiento, si o si, bajo pena de cancelación de inscripciones al primer incumplimiento y, en cuanto al financiamiento público a iniciarse en este periodo, su distribución, por ser primera vez, debe ser en partes iguales entre partidos con representación parlamentaria, considerando que hay rendiciones de cuentas de las últimas elecciones que generan sospecha respecto al origen del dinero que consignan. Sería injusto “premiar” los votos conseguidos con esos dineros.
