La Junta de Acreedores de la empresa minera Doe Run Perú se reunirá hoy para decidir el futuro del Complejo Metalúrgico de La Oroya, paralizado desde hace dos años. La cita será a las diez de la mañana en el local del Inictel, en San Borja.
Según informó Doe Run, la deuda reconocida por Indecopi –que monitorea el proceso concursal– asciende a US$442’562.634. El Estado Peruano tiene el 36% de esta acreencia; mientras que Doe Run Cayman, empresa afiliada a Doe Run Perú, cuenta con el 35%.
Según el vicepresidente de Asuntos Ambientales de Doe Run Perú, José Mogrovejo, hay unos cien acreedores (sin contar a los trabajadores), de los cuales 60 tienen derecho a voto.
Si bien una opción de la junta es liquidar la empresa, los acreedores mineros ya habrían decidido reestructurarla. De esta manera, el antiguo Complejo Metalúrgico de La Oroya no desaparecería.
Según indicó, José Miguel Morales, quien representa a Compañía de Minas Buenaventura, hoy la junta solo decidiría la elección de su presidente y vicepresidente, mientras que en la siguiente reunión se determinarán las acciones para intentar reflotar la compañía y escoger a su administrador.
Doe Run pretende mantener la conducción de la empresa, para ello cuenta con el respaldo de los trabajadores, quienes apoyan a Doe Run –según sostienen– porque consideran que tiene la capacidad para iniciar las operaciones del complejo en el corto plazo.
Cormin- Trafigura propuso un plan alternativo que es apoyado por los proveedores de insumos de Doe Run.
Sin embargo, será el Estado el que decida qué pasará con La Oroya, por ser el principal acreedor.
Recientemente, Indecopi reconoció el monto que la minera dejó de invertir en el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental como una acreencia más de Doe Run Perú, permitiendo así que el Estado tuviese un mayor poder de decisión.
El PAMA es el programa que una empresa debe cumplir para reducir su impacto ambiental, en este caso, en La Oroya.
Manuel Marticorena
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