La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidió interponer una acción contra el Estado Peruano y colocar el caso "Chavín de Huántar" en la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Es decir, presentó su informe de fondo indicando que el Estado Peruano no ha cumplido con ejecutar las recomendaciones que dio para llegar a un acuerdo de solución, por lo que sostuvo que este último deberá ser llevado al banquillo de la Corte IDH y también los comandos del caso "Chavín de Huántar".
El diario Correo pudo confirmar que en este informe de fondo la CIDH pidió a la Corte IDH "abrir un proceso" en contra del Estado Peruano, pues éste no ha cumplido con responder ni adecuarse a los cuatro puntos de su recomendación.
Y todo ello a pesar del pedido del Ministerio de Justicia de una prórroga del plazo para supuestamente rechazar la demanda.
Finalmente, para la CIDH el Estado Peruano es responsable de la violación de los derechos de tres terroristas (Eduardo Cruz Sánchez, Herma Meléndez Cueva y Víctor Peceros Pedraza) que tomaron por asalto la residencia del embajador japonés en 1997.
Sin embargo, lo que debería preocupar es que pese a que, en su momento, el hoy exministro de Justicia Francisco Eguiguren manifestó hasta el cansancio que los comandos de la operación "Chavín de Huántar" no estaban siendo incluidos, el informe de fondo refiere que el Estado Peruano habría violado el derecho al debido proceso al dejar que los comandos fueran juzgados por el fuero militar y no por el civil, pues estos últimos no habrían cometido delitos de función, sino más bien de lesa humanidad. Por ello, se aconseja que el caso sea ventilado en el fuero ordinario.
El informe, presentado dentro del plazo establecido ante la citada corte internacional, y que cuenta con los documentos requeridos de procedencia de demanda, viene siendo analizado por la Corte IDH, que notificará en los próximos días a los demandantes, es decir, a la ONG Aprodeh, que es la representante de las "víctimas", para que formalice la denuncia.
Para la exprocuradora Delia Muñoz, esta situación es "preocupante", porque "de no haber ningún impedimento administrativo, y cumplirse con todos los requisitos, la Corte IDH accedería a abrir un caso por ejecuciones extrajudiciales y facultaría a la ONG Aprodeh a interponer la demanda concreta en contra del Estado Peruano y de los comandos de Chavín de Huántar".
LA TUMBA. Por su parte, el exministro de Defensa Ántero Flores Aráoz aseguró que "el Perú ha perdido una brillante oportunidad de rechazar la demanda, y en lugar de ello ha pedido una prórroga que, según el artículo 47 del nuevo reglamento de la ley de la CIDH, es aceptar un allanamiento".
Con esta aceptación tácita de la responsabilidad, el propio Minjus ha cavado nuestra tumba, pudiendo haber desistido de esa barbaridad, dijo.
"En consecuencia, ha tenido que pasar el tema a la Corte IDH, a pesar de que no ha habido ninguna violación al sistema interamericano en la actuación de los militares de Chavín de Huántar. Y en el supuesto negado de que así fuera, no está probado", agregó.
Flores Aráoz advirtió que si se juzgara nuevamente a los comandos, la Corte IDH estaría actuando en contra de sus propios principios, pues no se puede violar los derechos y procesar a personas por un delito por el que ya han sido juzgadas y absueltas.
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