Unos 800 trabajadores entre obreros y empleados de la empresa minera San Ignacio de Morococha, (SIMSA), corren el peligro de quedarse en la calle, ante un eventual cierre de dicha empresa, que produce zinc y plomo.
Este cierre se daría por un entrampamiento judicial entre las hermanas propietarias de la mina, Isabel y Carolina, que luchan por el control de la empresa.
La acción ha dejado sin liquidez a la empresa y existen deudas a los trabajadores, entre CTS, bonificaciones y otros, por lo que se ha pedido la intervención del Ministerio de Trabajo y representantes de la sede regional de dicho ministerio.
De no solucionarse este impase, acarrearía un conflicto social con protestas, cierre de carreteras y otros actos de fuerza. Pende la amenaza de 2,500 personas que saldrían a las calles, entre trabajadores y sus familiares más los pobladores nativos.
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